“Toda reacción, nutre, refuerza los elementos del pasado histórico sobre el que la revolución ha descargado un golpe sin haber logrado aniquilarlo” L. Trotsky
Los marxistas hemos advertido desde el primer día que el gobierno de Gabriel Boric viene bailando al ritmo de la derecha. Desde la segunda vuelta de la elección presidencial denunciamos el uso populista de cuestiones de inmigración y seguridad pública en la campaña. Con este tipo de agenda represiva pretende ganar el apoyo de sectores moderados o despolitizados y restarlos a la derecha. En realidad, al final solo lleva más agua al molino de la reacción y la ultraderecha. La última semana, con el impulso de una ley de gatillo fácil para carabineros, conocida como Ley Naín-Retamal, el presidente Boric encabeza una política rebasada de traiciones y volteretas.
La Ley Naín-Retamal, que lleva el nombre de dos carabineros muertos en servicio, entre varias medidas, endurece las penas para quienes agredan o maten a un policía. El aspecto más reaccionario de esta ley es la “legítima defensa privilegiada”, que establece la presunción de racionalidad cuando un policía use su arma de servicio. Es decir, facilita la impunidad para carabineros mientras las víctimas de disparos durante el estallido social de 2019 siguen sin recibir justicia. Durante el trámite legislativo, el ejecutivo introdujo algunas mociones para moderar este último aspecto. Los partidos de la coalición de gobierno, el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PCCh), se opusieron al artículo sobre la “legítima defensa privilegiada” y amenazaron con recusar el proyecto en el Tribunal Constitucional, pero vacilaron por la presión de la coyuntura en torno a otro policía muerto la noche antes de la votación, mientras el gobierno promulgó apurado la Ley para dejar esta potencial movida oficialista en fuera de juego.
El gobierno desata fuerzas que últimamente no puede controlar. Han pavimentado el camino para la reacción y un régimen autoritario más desbocado.
¿Un Gobierno reformista?
La coalición oficialista formalmente se compone del FA y PCCh, denominada Apruebo Dignidad (un nombre obsoleto una vez consumado el rechazo al borrador de constitución) y aunque mantiene a comunistas en algunos puestos importantes, ha venido desplazando cada vez más el peso del gobierno hacia figuras de la ex-Concertación, con las que mantienen una alianza coyuntural. Al momento de asumir, Boric designa como ministro de Hacienda a Mario Marcel, ex Presidente del Banco Central y cercano al Partido Socialista (PS), quien establece una política de ajuste y “responsabilidad fiscal”. Más recientemente, el poder factual recae en la nueva Ministra del Interior, Carolina Tohá, ex presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), contaminada por escándalos de financiamiento irregular de la política y cara emblemática de los 30 años concertacionistas.
En diciembre del 2021 cuando Boric ganó las elecciones explicamos inmediatamente que este era un gobierno de conciliación de clases:
“En todo caso, Boric ni siquiera ha presentado un programa de reformas profundas. Nos habla de responsabilidad fiscal y cambios a ‘pasos lentos pero firmes’. En su programa insiste: ‘nuestro Gobierno tendrá como prioridad recuperar una trayectoria de consolidación fiscal creíble, con una reducción gradual y sostenida del déficit fiscal estructural’. Quiere probarse como un buen administrador de los negocios de la clase capitalista y así calmar a la burguesía. Su mensaje a los capitalistas es que ‘se necesita sanar la fractura social para que el país pueda crecer’ “ (https://www.marxist.com/chile-la-movilizacion-del-voto-obrero-y-popular-derrota-al-candidato-pinochetista.htm).
El “programa transformador” de Apruebo Dignidad prometía, entre otras cosas: salud universal; pensiones dignas y el fin de las administradoras privadas de los fondos de pensiones (AFP); educación gratuita, pública y de calidad, avanzando en la desmunicipalización; y ser un gobierno ecologista y feminista. Para realizar los cambios profundos que se ofrecían, se planteaba que era clave asegurar financiamiento, sustentado en una reforma tributaria. Pero esto fue frustrado con la inesperada votación en contra de esta reforma en el Parlamento, que incluía, por ejemplo, un aumento de la Pensión Garantizada Universal. El gobierno creía que moderando su programa iba a apaciguar a la derecha, y ésta le dio la espalda.
Otra política clave para el gobierno, y en particular para el Partido Comunista, es la Ley de 40 horas, que pretende satisfacer una demanda histórica de la clase trabajadora en torno a la jornada laboral. El proyecto se negoció durante meses en reuniones entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en manos del PS, los empresarios, parlamentarios de derecha y el gobierno. El resultado permite la flexibilización laboral, tan anhelada por los capitalistas, que coloca en una situación desventajosa a los trabajadores frente a decisiones unilaterales de los patrones.
Del disolver y refundar, al reformar y financiar
A pesar de que se prometió acabar con la infame Ley Antiterrorista y la militarización del territorio ancestral mapuche, ésta no ha cesado; más bien se ha profundizado. Con este gobierno se siguen aprobando prórrogas del estado de excepción en provincias de la llamada “Macrozona Sur”. Además, se estableció otra política de militarización en el norte, dando atribuciones extraordinarias a militares en el control de las fronteras.
La pregunta ahora es ¿para cuándo la militarización de la “Macrozona Centro”? Senadores del PS ya se adelantaron con esta idea, proponiendo el estado de excepción para combatir el narcotráfico y la delincuencia en Santiago y Valparaíso. Esta iniciativa de momento no hizo eco en el gobierno, pero muestra la pendiente resbaladiza en que nos encontramos ante la incapacidad del pueblo trabajador de imponer sus demandas en la rebelión de octubre de 2019, y también de la derecha empresarial de controlar completamente la situación.
En la comuna de Santiago Centro, la alcaldesa comunista Irací Hassler ya implementa una política de seguridad pública, caracterizada por la persecución del comercio ambulante y la represión a los estudiantes secundarios. Por otra parte, las estaciones de Metro disponen ahora de “guardias tácticos” contra las evasiones. En última instancia, ¿quién se beneficia políticamente de esto? Se beneficiarán los alcaldes y candidatos de derecha que persiguen una política más consecuentemente reaccionaria.
Producto del desprestigio del parlamento, existe una alcaldización de la política. Esto es un fenómeno que en parte es producto de la herencia de la dictadura militar, que acabó con los derechos sociales asegurados por el Estado y transfirió la administración de las políticas públicas hacia los municipios y los alcaldes designados.
La última estrategia que anunció el ejecutivo es un plan de seguridad en 30 comunas, que concentran un tercio de la población y el 50% de los delitos violentos. También se anunció que se retomará el uso de la subametralladora UZI por carabineros, que se restringieron luego del asesinato con esta arma del adolescente de 16 años Manuel Gutiérrez durante las protestas estudiantiles del 2011.
Esta generación de reformistas y posmodernos pasó desde exigir la refundación de Carabineros de Chile y la disolución de Fuerzas Especiales durante el estallido, a luego en campaña a hablar de reformas y modernización, hasta hoy en el poder a facilitar la impunidad y financiar esta policía criminal.
Han adoptado la agenda policial y represiva de la derecha. Ya lo dijimos en noviembre de 2020:
“Frente a la crisis de Carabineros se habla de una necesaria reforma. El ejecutivo (gobierno de Piñera) ha señalado cuatro proyectos clave: Modernización, Protección de las policías, Carrera policial, y, eventualmente, un Ministerio de Seguridad Pública. Se propone la revisión de los protocolos y la profesionalización. Ya no sorprende que algunos parlamentarios de la izquierda reformista o frenteamplista, que votaron las leyes represivas, ahora están cantando al ritmo de estas reformas ‘modernizadoras’. Los marxistas no alimentamos ninguna ilusión sobre estas reformas” (Qué pasa en carabineros de Chile).
El gato cuidando la carnicería
La experiencia del combate contra las drogas en México y Colombia, demuestra que la militarización y el aumento del financiamiento a las policías sólo incrementa el número de víctimas inocentes (Sobre la violencia y cómo combatirla realmente (marxismo.mx)). El armamento termina en manos de bandas criminales, como ya es el caso en Chile con las armas “perdidas” desde arsenales militares y de Carabineros. Recordemos que Carabineros es la institución más corrupta del país. El “pacogate” es el mayor fraude de toda la historia de Chile, avaluado en 35 mil millones de pesos. Y sin olvidar los miles de abusos policiales, entre asesinatos, torturas y mutilaciones, del estallido del 2019 y continuamente en el Wallmapu. ¿Esta es la policía a la que hay que financiar y dotar de impunidad?
Las relaciones corruptas con el estado y el capital son parte constitutiva de una actividad tan lucrativa como el tráfico de drogas. Una “guerra contra el narco”, produce un reacomodo de las relaciones entre las bandas criminales y el Estado, favoreciendo a un grupo que desplaza entonces violentamente a otro grupo, pero la corrupción permanece. El incremento de la violencia entre bandas y con Carabineros, es un síntoma de esta fricción aguda en desarrollo. Los policías son una pieza más en esta guerra por el control del negocio de la droga.
La pandemia, los vaivenes políticos y las migraciones masivas, han trastornado el anterior equilibrio relativamente pacífico entre el comercio internacional, las instituciones y los grupos criminales. Esto continuará intoxicando al pueblo y a la juventud, hasta que un nuevo equilibro vuelva a alcanzarse, que continúe asegurando tranquilamente las ganancias a miembros de las fuerzas armadas, empresarios y burócratas del estado, por un lado, y los pequeños distribuidores por otro, a menos que la clase trabajadora organizada diga otra cosa.
La juventud resiste
En este contexto sórdido de fanatismo policial y xenofobia, es que el 29 de marzo se conmemoró otro Día del Joven Combatiente (El origen e historia del “29 de marzo”, Día del/a Joven Combatiente – Radio Villa Francia). En esta fecha se recuerda a jóvenes caídos en la lucha contra la dictadura, pero a la que también se agrega una lista de jóvenes asesinados “en democracia”. Y el día 30 de marzo se recuerda también el secuestro y asesinato de tres profesores comunistas, crimen cometido por Carabineros en 1985 durante la dictadura pinochetista.
Boric, igual que el año pasado, pasó el día dando su completo respaldo al actuar de las policías. Mientras, cientos de estudiantes secundarios se dieron cita en el centro de Santiago con un “Mochilazo” para conmemorar esta fecha, pero también por demandas relativas a la educación. El gobierno de los ex dirigentes estudiantiles que hicieron carrera política sobre los hombros del gigante movimiento estudiantil, hoy desata nuevamente la criminalización y la represión sobre la juventud movilizada. Boric y Hassler están jugando con fuego y se pueden quemar.
Muchos dirigentes del PCCh, sobre todo quienes están más cerca del gobierno, perdieron toda confianza en la revolución y la lucha por el comunismo. Pero definitivamente en las bases este tipo de volteretas no pueden pasar desapercibidas. ¿Qué va a pasar cuando un carabinero vuelva a asesinar a un joven estudiante, a un mapuche o a un trabajador en huelga?
La organización estudiantil universitaria fue llevada a la bancarrota por el frenteamplismo y la izquierda universitaria. En el movimiento secundario, se han desarrollado varios grupos revolucionarios que realizan acciones de protesta y combates con carabineros. Levantan demandas locales como la infraestructura y las becas de alimentación, además de exigir financiamiento y una educación no sexista. Han denunciado la farsa constituyente y a los “progresistas” en el poder que hoy los reprimen.
Es en esta juventud donde permanece la chispa de la rebelión, así como una oposición al gobierno que pueda representar una alternativa revolucionaria. Su éxito depende de poder conectar con la clase trabajadora, y para esto debe superar el espontaneísmo y el sentido antipolítico, y construir una organización militante con un programa político de transformación revolucionaria de la sociedad, por la abolición del capitalismo y por un gobierno de trabajadores. Como respuesta a la agenda represiva contra la delincuencia, por su parte debe exigir vivienda y trabajo para todos. Equipamiento deportivos y culturales en los barrios para propiciar un ocio saludable en la juventud, bajo control de organizaciones territoriales y obreras. Expropiación de los beneficios del narco y abolición del secreto bancario. Contra la impunidad de un cuerpo policial corrupto, y por la organización obrera en los barrios contra los narcotraficantes. Unidad de la clase trabajadora nativa y extranjera, para ganar derechos iguales para todos.