No pasa un sólo día sin que Carabineros de Chile haga noticia por su brutalidad, corrupción e incompetencia. El miércoles 18 de noviembre, se viralizaron imágenes donde balearon a dos menores de edad, en un centro que colabora con el SENAME en Talcahuano. El presidente en su estilo indolente se refirió a los niños como “accidentados”. Los hechos provocaron finalmente la salida del Director General Mario Rozas, en el cargo desde diciembre 2018, por tanto responsable desde el “estallido” de las más de 8 mil denuncias por violaciones a DDHH. 1,315 de estas a menores de 18 años, 364 denuncias por violencia sexual y 460 víctimas de trauma ocular (datos a Junio 2020). ¿Qué pasa realmente en Carabineros? ¿Es posible reformar la policía?
La crisis de Carabineros
La crisis de Carabineros encuentra sus orígenes recientes en el escándalo de Operación Huracán, el “Pacogate” y el asesinato de Catrillanca en 2018. La Operación Huracán fue un escándalo de montaje y colocación de pruebas falsas contra líderes mapuche. El “Pacogate” es un caso de fraude (malversación de fondos públicos), el más cuantioso de la historia de Chile, que asciende a más de $35 mil millones. Por su lado, el asesinato de Catrillanca por parte del Comando “Jungla” de Carabineros, provocó protestas de miles de personas en apoyo a comunidades mapuche.
Esto implica una crisis política del Ministerio del Interior. Es una de las vertientes que llevan al estallido social de octubre 2019, donde se evidencia aún más esta crisis en miles de violaciones a los DDHH. El ministro Chadwick fue inhabilitado por su responsabilidad en los hechos. Otros dos ministros del Interior saldrán antes que el General Director de Carabineros. Desde 2018 han sido retirados 68 generales del alto mando. A su vez, hay coroneles que han sido promovidos a generales de manera “express”. Este era el caso de Mario Rozas.
Los cupos en Carabineros son de 60,000 a nivel nacional. Aunque la dotación efectiva puede ser un poco menor, alrededor de los 55,000. Recordemos que el año pasado, superados por la masividad de las protestas, se hizo un llamado a las filas para Carabineros retirados, y se adelantó el egreso en la escuela de suboficiales. Además, desde octubre de 2019, se ha acusado una brusca caída de 71% en las postulaciones a la Escuela de Carabineros. Debido a sus extenuantes jornadas de represión al pueblo, se ofrecen bonos salariales, en particular para aquellos que actúan en la “zona cero”, en Plaza Dignidad. Aunque es difícil conocer cuál es exactamente el estado de ánimo en la tropa, se entiende que hay desazón, y descontento con los mandos que se roban la plata, mientras la mayoría de Carabineros está en la calle.
Carabineros y la Doctrina de Seguridad Nacional
Una institución precursora de Carabineros, fue el Cuerpo de Gendarmería de las colonias (1896-1907), fundada por el militar Hernán Trizano. Protegía la propiedad de los colonos, y perseguía de forma sanguinaria a los mapuche quienes defendían su territorio ancestral. Hoy en la región se encuentra activo un llamado “Comando Hernán Trizano”, un grupo armado que defiende intereses de latifundistas y contratistas forestales, acosando a comunidades y dirigentes mapuche.
En 1927, el dictador Carlos Ibañez del Campo, funda Carabineros de Chile. Se considera una cuarta rama de las FFAA y en este sentido tiene una estructura y jerarquías militares. La formación se hace en dos escuelas que segregan los futuros altos mandos y la tropa, en términos de origen de clase. Se configura una verdadera guardia pretoriana, que cuida los intereses de los grupos económicos más poderosos del país. Por ejemplo, en el Wallmapu actúan como defensores de los predios de las empresas forestales.
Las FF.AA. y Carabineros son formados en la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo el alero de Estados Unidos. En el contexto de la Guerra Fría y la coexistencia con el bloque soviético, se estableció la idea del “enemigo interno”. Es decir, un escenario de guerra ya no en defensa de las fronteras nacionales, sino que contra un enemigo que se encuentra dentro de la población civil del propio país.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 es un episodio infame de la historia de Chile, cuando las fuerzas armadas apuntaron sus armas contra el pueblo, derrocando el gobierno democráticamente electo de la Unidad Popular, bombardeando la casa de gobierno y asesinando al presidente socialista Salvador Allende. La dictadura cívico militar duró 17 años, privatizando empresas estatales y derechos sociales. Oficialmente alrededor de 40,000 personas sufrieron violaciones a los Derechos Humanos, en su gran mayoría jóvenes, trabajadores y campesinos.
En la postdictadura los gobiernos de la Concertación, mantuvieron prácticamente intactas las instituciones castrenses, con sus doctrinas y prácticas represivas. No hubo ninguna purga, ninguna limpieza democrático, ni hubo castigo a los culpables de violaciones de derechos humanos, ni hubo ningún cambio sustancial en la doctrina de las instituciones ni en la formación de sus efectivos. La democracia burguesa heredó intacto represivo de la dictadura burguesa. El temor a un “pronunciamiento” militar rondaba constantemente en la primera mitad de los años 90.
En los primeros días del “estallido”, luego de decretar el estado de emergencia y toque de queda, Piñera declaró: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”. Reproduce la idea del enemigo interno, declarando la guerra contra la clase trabajadora y los pobres. En todo caso, el General del Ejército Iturriaga a cargo del estado de emergencia en la Región Metropolitana, contestó: “Soy un hombre muy feliz, no estoy en guerra con nadie”. Esto no debe leerse como una convicción democrática. Más bien muestra falta de confianza en el liderazgo del empresario-presidente y dudas sobre la pertinencia de usar instrumentos militares para restablecer el orden público, por miedo a que aparecieran grietas de clase en la institución (se dieron casos de soldados arrestados por negarse a participar en la represión). Se comenta que similares diferencias se expresaron en las altas cúpulas del poder, la noche de la Huelga General del 12 de noviembre, cuando se rumoreaba un nuevo toque de queda. La verdad es que cuando los militares estuvieron en las calles, el toque de queda fue derrotado en última instancia por la combatividad de las masas enardecidas. Finalmente la labor represiva recae principalmente en la institución de Carabineros de Chile.
Reforma y Modernización
Frente a la crisis de Carabineros se habla de una necesaria reforma. El ejecutivo ha señalado cuatro proyectos clave: Modernización, Protección de las policías, Carrera policial, y, eventualmente, un Ministerio de Seguridad Pública. Se propone la revisión de los protocolos y la profesionalización. Ya no sorprende que algunos parlamentarios de la izquierda reformista o frenteamplista, que votaron las leyes represivas, ahora están cantando al ritmo de estas reformas “modernizadoras”.
Los marxistas no alimentamos ninguna ilusión sobre estas reformas. En 1985, el impacto mediático del “Caso Degollados”, provocó la renuncia del Director General y la reestructuración de Carabineros. Se buscaba lavar la imagen de Carabineros de cara a la futura democracia post-dictadura. Hubo un cambio del discurso institucional para enfocarse en la delincuencia común, esto es, delitos contra la propiedad y de impacto social en la cotidianidad. Pero la inteligencia policial continuó su trabajo de “contrainsurgencia” y contra la “actividad política opositora”.
Según un reportaje de La Pública, durante las primeras semanas del estallido social al menos 350 carabineros de civil operaron a diario en la Región Metropolitana infiltrando el movimiento. Para el día 23 de octubre, día que se convoca una Huelga General, hubo un peak de 505 policías infiltrados. Los casos de infiltrados han sido polémicos, por actuar como provocadores de incendios, incidentes violentos y manipulación de pruebas. Además, hackers revelaron más de 10 mil documentos de la institución, que dan cuenta de seguimientos a dirigentes ambientales, sindicales e incluso de una agrupación de enfermos de cáncer.
Los estrategas más agudos de la clase dominante, entienden que la coyuntura actual impone la “modernización” de Carabineros. Esto implica un perfeccionamiento del trabajo de inteligencia, espionaje, persecución y eliminación selectiva. Se establece un sistema de inteligencia militar, de policía secreta, subordinado al ejecutivo. Además de un buen uso de los dispositivos comunicacionales. No se trata de “democratizar” el cuerpo, sino de lavarle la cara y tratar de recomponer su maltrecha legitimidad.
Ante el escenario regional de lucha de clases convulso, las oligarquías empresariales en el poder, hacen uso de la policía y fuerzas armadas para defender sus privilegios. Sin olvidar a los grupos paramilitares. Con matices, la cuestión del carácter de las policías y la represión han estado al centro del conflicto social, en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Explicar qué pasa en estos cuerpos policiales, y dar una respuesta en favor de la clase trabajadora, es clave para la revolución socialista en América Latina.
Que se acabe Carabineros de Chile
Desde la derecha nos dicen, golpeándose el pecho, que “todo el que está contra Carabineros, está contra Chile”. Si la disolución de Carabineros implica también acabar con el Estado burgués que defiende los intereses de la minoría capitalista,¡Pues genial! ¡Premio doble!
La consolidación del Estado chileno, fue expresión del poder de la oligarquía terrateniente y la burguesía comercial. El rol histórico de la policía en la sociedad de clases, es defender la propiedad privada y asegurar la explotación de la clase trabajadora. Es decir, para terminar definitivamente con el terror policial, debe acabarse con la sociedad de clases. Hoy esto significa en particular acabar con el sistema capitalista. Los intereses de la clase trabajadora y los oprimidos no están representados en un “Chile” empresarial, nostálgico de la dictadura, de depredación ambiental y usurpación territorial a los pueblos originarios.
En la rebelión del octubre chileno, se han visto tendencias a la autoorganización. En particular la formación de Brigadas de Salud y la Primera Línea, son experiencias de autodefensa que deben profundizarse. Es notable cómo estos métodos se han generalizado más allá de las fronteras nacionales. Estos tipo de órganos que surgieron durante el estallido serían un componente esencial en la lucha para disolver Carabineros de Chile. Si bien estos organismos son valiosos y marcan el camino correcto, todavía carecen de la regularidad y sentido necesarios. En el transcurso de un movimiento insurreccional de masas, es necesario que se supere el espontaneísmo, que fue muy importante para darles vida, y sea reemplazado por una organización firme que tenga objetivos claros. Debe encontrarse una estructura democrática para el pueblo en armas, vinculados a territorios y lugares de trabajo. Sólo organizados y concentrando la fuerza del movimiento obrero, puede derrotarse al aparato estatal y los grupos paramilitares que aterrorizan a comunidades mapuche.
En este sentido, es importante señalar que cualquier esfuerzo verdaderamente significativo para disolver o desarmar la policía, solo puede resultar de una lucha de masas para formar un Gobierno de Trabajadores. Mientras los capitalistas tengan el poder, van a requerir de un cuerpo policial para defender sus intereses. Las palancas fundamentales de la economía deben estar bajo control de los trabajadores y las comunidades, para producir en beneficio de las necesidades del pueblo.
La comprensión de que la abolición del aparato represivo de la clase dominante solo puede venir con la abolición de su poder político y económico no quiere decir que debamos quedarnos cruzados de brazos ahora.
La crisis de Carabineros, las graves violaciones a los DDHH, la corrupción y los abusos cotidianos, generan un contexto antidemocrático para el proceso constituyente. Piñera es el gran responsable que declaró la guerra al pueblo. Tenemos miles de presos políticos de la revuelta, en las cárceles sólo por exigir una vida digna. La exigencia de su libertad debe ponerse en el centro de las movilizaciones.
Hay que exigir la disolución de Carabineros como cuerpo policial de disciplina militar, con una formación represiva heredada de la dictadura. Hay que exigir juicio y castigo a todos los culpables de la represión, tanto los autores materiales como los mandos (castrenses y civiles) que la ordenaron. Hay que exigir la apertura de los archivos de Carabineros y de los demás cuerpos armados para sacar a la luz los abusos de derechos humanos, la infiltración de los movimientos populares, y la persecución a los que luchan. El combate por consignas democráticas debe ser una parte integrante de la lucha general contra el régimen empresarial que Piñera representa.
Fuera Piñera
Libertad a los Presos Políticos de la Revuelta
Que se acabe el poder de los dueños de Chile
Por un Gobierno de Trabajadores.