Empezando a fines de julio, durante todo el mes de agosto pasado, y parte de septiembre, el movimiento docente tuvo unas jornadas nacionales de movilización, incluyendo una consulta hacia un paro nacional indefinido. El petitorio nacional del Colegio de Profesores sintetizaba ocho puntos con demandas sentidas por los profesores, como la deuda histórica y el agobio laboral. Finalmente las negociaciones dieron lugar a mesas de trabajo con el gobierno, con plazos establecidos para entregar resultados en los próximos meses del año. Los profesores deben mantenerse alerta.
¿Qué lecciones deja la movilización docente, y que se puede esperar de las mesas de trabajo con el gobierno?
El paro docente
En un gremio donde la unidad ha sido esquiva, se logró aunar criterios en una breve plataforma de lucha que movilizó a miles de profesores. Ante el avance del movimiento, en medio de las negociaciones se dispuso la salida del ministro Marcos Antonio Avila, militante de Revolución Democrática y que desde hace meses venía debilitado. En su lugar entra Nicolas Cataldo del Partido Comunista, experto en educación y un alfil del gobierno. Como muchos de la generación en el gobierno, su carrera política viene de las federaciones estudiantiles para luego integrar el equipo ministerial de Educación durante el segundo mandato de Michelle Bachelet.
El nuevo ministro llegó con la misión de evitar un paro nacional indefinido. Resulta entonces de gran mérito que luego de varias semanas de jornadas de movilizaciones, las asambleas de base continuaban rechazando las sucesivas propuestas del ministerio que buscaba entorpecer el desarrollo del movimiento en las calles. Mas de 50,000 profesores participaron en una consulta nacional hacia un paro nacional indefinido. Una mayoría del 53,66% encuentra insuficientes las propuestas y vota a favor del paro que empieza el martes 29 de agosto. Los intentos del gobierno por evitar el paro no resultan, pero los porcentajes no son tan categóricos y logra forzar una division sobre la unidad conquistada en las bases. Con este argumento el ministro Cataldo cuestionó entonces la legitimidad del paro. Además. el ministro de Hacienda, Mario Marcel, culpó “fundamentalmente” al paro de profesores como un factor que segun él explica la caída del IMACEC en agosto.
Finalmente, en la primera semana de septiembre el paro nacional es depuesto por una mayoría del 48,79%, contra un 46,45% que deseaba mantenerlo. De nuevo, los resultados sobre el paro no son categóricos. Pero los votos muestran que existe desconfianza ante las propuestas y los resultados concretos de las mesas de trabajo. Por otra parte, claramente un sector significativo mantiene ilusiones sobre la voluntad del gobierno. El escenario se plantea como de alerta activa.
Al final de esta nota referiremos los 8 puntos del petitorio nacional del Colegio de Profesores, pero podemos subrayar al menos dos cuestiones.
Primero, la demanda por la deuda historica busca revertir las consecuencias del proceso de “Municipalización” de la educación pública iniciado en 1981. Las mismísimas condiciones de trabajo de los profesores fueron enajenadas del servicio público, siendo empleados precariamente bajo la ley laboral que regía el sector privado. De esta forma los profesores no recibieron un reajuste salarial que en 1981 por el Decreto Ley 3551 aumentaba el sueldo base en hasta un 90% para todos los funcionarios públicos. Decenas de miles de profesores, reclaman entonces el pago de esta “deuda histórica”.
Segundo, la política de bonos de incentivo al retiro docente es una medida surgida durante el año 2016, dentro de la aprobación de la Ley de Nueva Carrera Docente, permitiendo que los profesores cercanos a jubilarse puedan recibir un bono adicional que les permitiera un apoyo económico extra, que por lo general y según sus años de servicios, podían llegar a aproximadamente 20 millones de pesos.
Adicionalmente, existen cuestiones a nivel local, particularmente problemas de financiamiento, que son responsabilidad de los municipios. Y además importantes conflictos con los SLEP (ver al final punto 4) y corporaciones municipales, que mantuvieron a profesores en movilizaciones más extensas y radicalizadas que las jornadas de movilización nacional.
El colegio de profesores
Enseguida hay otra cuestión clave para las perspectivas del movimiento docente, ya que a mediados de septiembre se inició el proceso interno de elecciones en el Colegio de Profesores, y que culminará con el cambio de directiva nacional, regionales y comunales. Las elecciones serán el 16 de noviembre, y esto marcará nuevas posiciones en las relaciones con el gobierno.
Esto pone de relieve las disputas al interior del magisterio nacional. Un eventual triunfo de fuerzas cercanas al oficialismo (y al ministro Cataldo), sin duda promoverá un ambiente más conciliador y de mayor vacilación al momento de promover acciones de fuerza y movilización de parte de los profesores sobre sus demandas. El gobierno no quiere a los profesores en las calles.
En cambio, si se mantienen las corrientes politicas que dirigen el magisterio, no implica necesariamente una postura más consecuente con los intereses de los profesores. Debe entenderse que el proceso de presiones y hoy negociación en las mesas de trabajo, es también una estrategia electoral de la directiva que busca instrumentalizar los avances de la movilización, para obtener una victoria contundente en noviembre.
El Colegio de Profesores no puede descansar en las posturas políticas de personalismos que se enfrentan en su interior. Una lección de este paro nacional docente, fue precisamente la voluntad de los profesores de base, de no dar su brazo torcer por sus demandas. A pesar de algunas resistencias en la directiva nacional que al igual que el gobierno nunca quisieron llegar a esas instancias de movilización nacional. Los profesores en todo el país deben ser capaces de impulsar propuestas desde las bases, que recojan demandas nacionales para organizarse con el conjunto de las comunidades educativas, estudiantes, trabajadores y apoderados. En este sentido, también debemos recalcar como conclusión, que no se logró movilizar un apoyo generalizado de la sociedad, y el conflicto resultaba ser visto como un evento encerrado en las dos veredas de la negociación.
Debe construirse un Colegio de Profesores con mecanismos de decisión basados en la democracia directa desde las asambleas de base, para expresar fielmente las decisiones y necesidades de fondo de los trabajadores de la educación. Que busque la unidad con la clase trabajadora y otros sectores movilizados en defensa de una educación pública al servicio del pueblo y no a medida de los empresarios.
Las demandas promovidas en la agenda del magisterio fueron las siguientes.
1. La reparación de la deuda histórica para que miles de profesores obtengan justicia
Ningún gobierno hasta ahora se ha hecho cargo de la deuda histórica, manteniendo por más de cuarenta años a 76.253 profesores afectados por esta decisión arbitraria, de los cuales, 14.263 han fallecido sin obtener justicia. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet en 2008, el Estado reconoce la existencia de la deuda, pero nunca se han hecho esfuerzos por pagarla, en ese sentido, la instalación de la mesa de trabajo este 15 de septiembre debe considerarse un avance histórico de los profesores, pese que el actual gobierno de forma insistente intentó romper la unidad de los profesores proponiendo una solución sólo al 25% de los profesores afectos a esta deuda, primando finalmente la posición del Colegio de Profesores que en la mesa de trabajo deben estar representados el 100%, además de discutir los montos y las formas de pago, tema que debe quedar resuelto durante el año 2023.
2. Plan para enfrentar la violencia escolar.
La violencia escolar ha tenido un incremento preocupante en los últimos años. Según datos proporcionados por la Organización Mundial Bullying Sin Fronteras, como resultado de un estudio internacional que aborda la violencia escolar en 30 países, señala que durante el último año, 2022-2023 hasta el mes de abril, Chile presenta 28.500 casos de violencia en las escuelas, teniendo como punto de referencia que los niveles más altos de violencia se registran del año 2016 con 5.934 casos de violencia en las escuelas, demostrando el fracaso de las políticas nacionales de convivencia escolar.
Existe un cuestionamiento profundo a la legislación vigente en materia de violencia escolar. Con un enfoque abiertamente punitivo en 2018 entra en vigencia la ley N° 21.128 denominada como Aula Segura, y bautizada por el movimiento popular chileno, como Jaula Segura. Esta ley aprobada en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, teniendo a Marcela Cubillos como ministra de educación, responsabiliza a las escuelas de cualquier acto de violencia, otorgando no sólo facultades a los directores sino la obligación de actuar bajo los márgenes de la legislación frente a cualquier acto de violencia en las escuelas.
Los resultados en estos años han sido desastrosos, en el año 2019 se dan a conocer los primeros datos de la implementación de la ley, mostrando que el 72% de los estudiantes a quienes se les aplicó la nueva normativa terminaron desertando del sistema escolar, el 50% de los casos fueron aplicados a estudiantes de enseñanza básica (13 años), incluso se registra a un estudiante de 1° básico (6 años de edad) a quien se le aplicó esta ley. Lo que en principio se presenta como una ley que busca proteger a las comunidades educativas de la violencia, termina simplemente por agilizar los procesos de expulsiones, incluyendo facultades especiales para sancionar movilizaciones estudiantiles al interior de los establecimientos educacionales, sin abordar los temas de fondo y sistémicos que originan la violencia.
La respuesta que ofrece el gobierno frente a esta cuestión, es más capacitación para que los profesores enfrenten situaciones de crisis, en contextos de violencia, lo que viene a significar continuar con la lógica de responsabilizar exclusivamente a directores y profesores de los actos de violencia, reforzando la idea de que el gobierno está para diseñar planes y los trabajadores de la educación, simplemente están para ejecutar las políticas nacionales.
Si bien, se acepta la propuesta de abordar mecanismos efectivos contra la violencia escolar, este asunto parece difícil de resolver en el actual contexto social y político, cuando la realidad sobrepasa a las facultades de los centros educativos. El problema de la violencia es global por lo que la necesidad de contar con una política integral se hace urgente.
3. Pagos de bonos de retiro docente.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera estos bonos no se pagaron, dejando a miles de profesores sin la posibilidad, incluso de retirarse del sistema escolar. Frente a ello, debido a las movilizaciones, el actual gobierno se compromete a terminar este año pagando los montos adeudados de los años 2018, 2019 y 2020. Quedan pendientes los profesores que desde el 2021 esperan el pago de este bono de incentivo al retiro docente.
4. Solución para la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública.
La Nueva Educación Pública aprobada durante el gobierno de Michelle Bachelet, pone fin a la municipalización de la educación pública, anhelo largamente esperado por el movimiento popular chileno, pero en la práctica ha llevado a grandes dificultades de implementación, por dos razones, la primera es que el gobierno de Sebastián Piñera poco hizo en este aspecto, y la segunda, es la enorme división al interior del Colegio de Profesores respecto a la existencia misma de estos Servicios Locales (SLEP).
Los SLEP son los nuevos sostenedores de la educación pública, donde se traspasan los colegios municipales a estos organismos especializados en educación. De un total de 70 servicios locales proyectados a nivel nacional, hasta la fecha solo 11 están en funcionamiento, debido a constantes postergaciones, sin embargo, se espera que hasta el 2027 todos los SLEP estén funcionando, terminando definitivamente con la educación municipal.
En la práctica los SLEP no han demostrado mayor eficiencia que las municipalidades al momento de administrar las escuelas. Se mantienen las medidas administrativas burocráticas, incluso en algunos casos, peores de lo que había antes. Los sectores ligados a los partidos de gobierno al interior del Colegio de Profesores, insisten en la misma tesis del gobierno, es decir, los SLEP son la mejor alternativa, y solo requieren mejoras en su implementación.
Mientras que el sector que conduce actualmente el Colegio de Profesores, nunca apoyaron a los SLEP. Acusan ser engañados, pues la lucha histórica contra la educación municipalizada no requería simplemente traspasar la administración de las escuelas a una institución creada para estos fines, sino volver a ser dependientes directos del ministerio de educación, cosa que definitivamente no pasó.
Un problema concreto de los SLEP es que genera incertidumbre en las relaciones laborales, y por supuesto, no resuelve los problemas de fondo que llevaron a la educación municipal a una profunda crisis a nivel nacional. El actual gobierno no está dispuesto a transar en este aspecto. Para ellos, la implementación definitiva de estos servicios locales son la única alternativa posible.
5. Cambio de modelo de financiamiento de la educación.
La educación de mercado instaurada en los años 80´ en Chile, le debe mucho al modelo de financiamiento basado en el financiamiento a la oferta educativa, por lo que cualquier propuesta que cuestione este modelo de por si, es un avance en la conciencia del movimiento en defensa de la educación pública. Sin embargo, las esperanzas se diluyen ante la falta de una perspectiva estratégica, de parte del magisterio y a la nula incidencia de los otros actores sociales de la educación.
Esta es la oportunidad de plantear nuevos mecanismos de financiamiento, por ejemplo, el financiamiento a la demanda educativa, donde se centre la atención en financiar proyectos educativos y no la capacidad de matrícula, esto permitiría grandes avances por ejemplo en la educación rural, y sectores urbanos donde predomina la pobreza, por cuanto, se trata de escuelas con dificultades de obtener altas matrículas, por lo tanto, carecen del financiamiento necesario para impulsar sus proyectos educativos.
Este es un tema relevante que en teoría podría poner en entredicho toda la estructura neoliberal inserta en el sistema escolar, pero el Colegio de Profesores no asume este punto desde esa perspectiva, sino mas bien, a temas más superficiales como obtener mayores recursos económicos para las escuelas, sin profundizar que se encuentra en un espacio de disputa ideológica, sobre toda la estructura creada para amarrar a la educación pública, a las políticas mercantilistas.
Tampoco se aborda, es más ni siquiera se menciona el financiamiento a los establecimientos particular subvencionados, pese a los escandalosos reportes de los últimos años, donde sostenedores privados siguen haciendo negocios con fondos públicos, pese a la prohibición por ley del lucro en la educación, no existen mecanismos básicos para fiscalizar a sostenedores privados, por ejemplo, al momento de auto asignarse sueldos millonarios financiados por el Estado, incluso al punto, de encontrarnos con sostenedores que simplemente son dueños de las escuelas y ni siquiera trabajan en ellas. Eso y otros asuntos no son parte de este debate, pues el mismo Colegio de Profesores restringe los alcances de instalar en la mesa un asunto tan serio, que es la base que sustenta el mercado en la educación, que es un pilar del modelo de acumulación capitalista en Chile.
6. Fin al agobio laboral docente
Este asunto es muy relevante para los profesores, pero no se trata simplemente de la exigencia de menos trabajo administrativo, sino hacer frente a uno de los mas usados argumentos de los distintos gobiernos y sectores que defienden la educación de mercado, es decir, que los malos resultados son casi de exclusiva responsabilidad de los docentes.
Mantener a los profesores sentados en oficinas realizando informes muchos de ellos innecesarios, considerando la falta de horas no lectivas para realizar estas labores, crear mecanismos de evaluación docente que deben realizar fuera de sus jornadas laborales y una extensa carga administrativa, en el fondo lo que buscan es obstaculizar que los profesores dediquen su tiempo para mejorar los procesos educativos en el aula.
Son mecanismos que pretenden agotar a los docentes, llevando incluso a altas tasas de deserción, sobre todo, en profesores que recién se insertan al sistema escolar, sin posibilidades de realizar su trabajo, sin incentivos para su formación continua, más aún, con cuestionamientos y las pésimas condiciones de trabajo, el agobio laboral es una realidad, muchas veces silenciosa, pero que se ha convertido en un elemento cotidiano y naturalizado en las escuelas chilenas.
En este sentido, el gobierno poco puede hacer por falta de voluntad política, simplemente les interesa que el diseño estructural del sistema escolar se mantenga intacto, incluso a costa de la tranquilidad de profesores, estudiantes y familias, que se ven a diario presionadas a cumplir con las órdenes emanadas de los organismos de poder. Este es un asunto, para lo cual no existen propuestas concretas que sean significativas, es necesario, promover espacios de diálogo y reflexión, a pesar de ello, no es un tema menor, y será parte importante de los acontecimientos y cambios urgentes que requiere el sistema escolar chileno.
7. Revisión de la Jornada Escolar Completa (JEC).
A mediados de los años 90´ surge la ley de Jornada Escolar Completa, que se asumía como una propuesta innovadora dentro del ámbito educativo, los estudiantes tendrían mas horas de estudio, mejorarían el rendimiento académico, además de potenciar habilidades artísticas y deportivas a través de talleres y actividades extra programáticas, nada de ello, ocurrió en la realidad, sino todo lo contrario.
Lo único real de la JEC es que los estudiantes permanecen mas tiempo en las escuelas, paulatinamente se fueron eliminando horas de estudio en asignaturas vinculadas a la educación artística y deportivas, luego fue el turno de las clases de historia y educación ciudadana, esto debido a medidas adoptadas con un enfoque de mercado. Obtener altos puntajes en pruebas nacionales estandarizadas, para competir con otras escuelas por la matrícula de los estudiantes, se volvió el principal objetivo, echando por tierra el supuesto espíritu de la ley.
Sin embargo, a casi dos décadas de implementa la Jornada Escolar Completa, el Colegio de Profesores vuelve a instalar este debate, que podría tener grandes repercusiones en el sistema escolar si se aborda en post de los intereses de la comunidad educativa, por sobre los intereses del mercado.
Se abre la posibilidad con la revisión de la JEC, no de disminuir las horas de las jornadas escolares, sino como se trabaja en adelante dentro de la escuela, en primer lugar, recuperar para el desarrollo integral de los estudiantes, la importancia de la educación artística, deportiva, en ciencias sociales y filosofía; también impulsar proyectos con sentido comunitario, donde las escuelas no se perciban como entes ajenos a la comunidad, desarrollando proyectos de escuelas abiertas, que garanticen que la formación de los estudiantes aborden sus reales necesidades educativas, por sobre, la mecanización que les permita responder de forma irreflexiva pruebas estandarizadas, cuyo único objetivo de medir la calidad de la educación con enfoque en la competencia de matriculas y fomentar la segregación educativa.
8. Pago de menciones a profesores diferenciales y de párvulos.
Existe compromiso del gobierno por abordar este punto durante el año, por lo que sería una realidad a partir del año 2024, a pesar de los intentos del gobierno de aplazar la solución de este asunto con las educadoras de párvulos. Distinto a lo que ocurría en años anteriores, cuando desde el Colegio de Profesores abandonaba este punto en las negociaciones, esta vez, se llegó hasta el final, posiblemente debido a un aumento de la participación gremial de estas profesionales.
Lo que se considera una discriminación arbitraria, pareciera pronto terminar, por cuanto, el Estado exige las menciones para poder trabajar en el sistema escolar, sólo a las educadoras diferenciales y párvulos no se les pagaba, lo cual nunca ha tenido justificación esta medida.
Este es el último punto del petitorio nacional, y que puede ser considerado significativo, pues aborda un aspecto simbólico este año, y es el apoyo transversal de todos los profesores al punto de manifestar que este asunto no era transable, resultando determinante en la mantención o continuación de las movilizaciones.