Balance y perspectivas para Chile
Los Comunistas Revolucionarios de Chile presentan a las y los trabajadores y la juventud este documento de balance, analizando desde la rebelión de octubre, el proceso constituyente y el gobierno que termina. Sobre la base de estas lecciones, intentamos extraer un significado más profundo de los acontecimientos políticos y establecer nuestras perspectivas revolucionarias para intervenir en la realidad.
Gabriel Boric fue electo presidente en 2022 representando la coalición Apruebo Dignidad, alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. El Gobierno se apoyó también sobre figuras de la ex-Concertación (de Partidos por la Democracia), coalición que gobernó durante la mayor parte de los 30 años de posdictadura. La elección en 2022 ocurre en el contexto dado previamente por la rebelión de octubre de 2019 y el proceso constituyente que lo siguió, todo además enrarecido por la pandemia del COVID-19.
El Frente Amplio prometía un proyecto transformador con Boric liderando una transición hacia un régimen de nuevo tipo. Al final este, si bien no cambió las bases fundamentales del régimen capitalista, explicamos que sí jugó un rol crucial en recomponerlo. Cuán exitoso esto ha sido, quedará demostrado en el próximo periodo de la lucha de clases.
El papel jugado por el Frente Amplio y el Partido Comunista
Tal como habíamos adelantado al momento de la elección en 2022, más allá de los discursos, Apruebo Dignidad gobernó como una coalición reformista de centroizquierda: “en una época de crisis capitalista en la que no hay margen para reformas, son nuevos agrupamientos políticos que irrumpen electoralmente ante la debacle de los partidos tradicionales que gobernaron las últimas décadas. Convocan las ilusiones de sectores de la juventud y trabajadores por llevar a cabo reformas profundas, pero estos gobiernos progresistas no logran superar los marcos del capitalismo en crisis”.
El flojísimo desempeño económico durante este gobierno no solo ha detenido cualquier impulso reformista, sino que lo ha obligado a regentar un programa de austeridad y ataques a la clase trabajadora. De cualquier manera, este panorama ya se vislumbraba en el programa de segunda vuelta de Apruebo Dignidad, modestísimo en términos de reformas estructurales: “nuestro gobierno tendrá como prioridad recuperar una trayectoria de consolidación fiscal creíble, con una reducción gradual y sostenida del déficit fiscal estructural”. El mensaje a los capitalistas era que “se necesitaba sanar la fractura social para que el país pudiera crecer”. Esto es lo que se llama un programa de conciliación de clases.
“Sanar la fractura social” significaba sobre todo desactivar la lucha de clases, disciplinar a la vanguardia trabajadora y juvenil de la rebelión de octubre, restaurar la institucionalidad burguesa y fortalecer el aparato represivo estatal. Hoy es evidente que esta fue la importancia del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” y el proceso constituyente.
Ahora que el Gobierno de Boric llega a su término, se discierne el rol que él jugaba en este concierto: no el artífice, sino el homúnculo de una transición; una criatura necesaria, transitoria, pero aun imperfecta, para defender los intereses de la clase capitalista en un período convulso, transitando hacia la consolidación de un régimen de dominación capitalista en un “nuevo Chile”.
El Gobierno de Apruebo Dignidad vino a remachar el desvío institucional que fue el proceso constituyente, acaso a sepultar cualquier rastro de octubrismo. La coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista se apoyó cada vez más en la antigua Concertación, aunque mantuvo a los aliados comunistas en carteras sensibles como Vocería (Vallejo), Educación (Cataldo) y Trabajo (Jara).
Renovada vocación represiva
Durante el Gobierno de Boric se han pasado las leyes más represivas de las últimas décadas:
- Ley Antitomas,
- Ley Naín-Retamal (gatillo fácil),
- Nueva ley Antiterrorista, y
- Prorrogación indefinida del estado de excepción (y militarización) en territorio mapuche, vigente hace más de 3 años.
Se ha impuesto de facto un Estado policial militarizado en la Araucanía y dos provincias del Biobío, haciendo uso de ocho bases militares de avanzada, y alrededor de 1.500 efectivos desplegados diariamente para proteger los intereses del empresariado forestal, minero y energético.
La creación del Ministerio de Seguridad Pública epitomiza esta política de perfeccionamiento del aparato represivo. La clase capitalista necesita exorcizar las pesadillas que le dejaron la rebelión del 2019 y los cuestionamientos políticos más estructurales como la nacionalización del agua y los recursos mineros, el fin de las AFP y el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche.
Los límites claros del proceso constituyente
Boric jugó un rol clave en la rehabilitación de los partidos del Congreso que subscribieron el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. Este acuerdo trataba de desmovilizar a las masas y encauzar la energía hacia la política parlamentaria burguesa, en un proceso constituyente tutelado por el Congreso de Chile. Sumado a las medidas sanitarias de la pandemia, la “paz” fue establecida mediante la represión y la impunidad de las violaciones de derechos humanos. Sin paz y sin nueva Constitución, el sujeto quedó desnudo de su predicado: sólo resta el acuerdo de los partidos del régimen. La defensa de la propiedad privada y los intereses de la clase dominante se impusieron a través del parlamento.
Lo explicamos en 2022, el proceso constituyente no respondía a las demandas de fondo de la clase trabajadora y los oprimidos, cambios estructurales que necesitan un programa de transformación radical de la sociedad y una fuerza revolucionaria de masas que lo defienda. Dada la bancarrota de los partidos de los 30 años y la ausencia de una dirección política y orgánica de la clase trabajadora, fueron las clases medias quienes dirigieron la primera Convención Constituyente. Se había prometido que Chile sería la tumba del neoliberalismo. Resultó ser un clavo en la tumba del posmodernismo.
El proyecto histórico de la burguesía liberal al menos predica un universalismo en su ideología y sus instituciones, pero la izquierda posmoderna ofreció un mosaico de identidades y demandas particulares. En todo caso, el derecho liberal burgués no vino a realizar la igualdad universal, sino que defiende los intereses de los capitalistas, como resultado de su lucha contra el poder autocrático de las monarquías feudales. Pero la ideología liberal y pequeñoburguesa del posmodernismo no puede superar la institucionalidad burguesa anclada en el poder de los grandes capitalistas, puesto que la pequeñaburguesía vive presa de su posición social vacilante y carrerista.
En la cancha del sistema político burgués, el posmodernismo solo pudo reproducir lo ya existente pero sazonado con alguna excentricidad. El programa de “cambios” apenas tocaba al poder financiero y la propiedad de los recursos naturales, que sólo abordó en el debate en torno a la propiedad del agua. Se habló principalmente en clave de medioambiente y derechos de la naturaleza, en lugar de hablar claramente sobre la propiedad de los medios de producción y los recursos naturales para ponerlos a disposición de las necesidades de la mayoría trabajadora y los pobres.
Por otra parte, las medidas de confinamiento durante la pandemia facilitaron la “paz social”, coartando la movilización y los vínculos que los representantes de la constituyente pudieran haber establecido con las asambleas territoriales como órganos consultivos. Muchos concebían las asambleas territoriales como espacios de consulta o participación popular y no como embriones de un órgano de decisión, de un poder enfrentado a la institucionalidad burguesa.
Incluso iniciado ya el desvío constituyente, los convencionales de izquierda podrían haberse negado a inaugurar las sesiones mientras existieran prisioneros mapuche o del estallido, idea que se sugirió, pero se abandonó prontamente luego de algunas escaramuzas afuera del ex-Congreso. Claudicaron su mentada “soberanía popular” ante los poderes del Estado burgués y perdieron el contacto con las demandas de transformación radical de la sociedad, que podían mantener activada las movilizaciones populares en el espíritu de octubre.
Un gobierno de trabajadores con un programa socialista sí tiene un contenido universal y democrático que supera la democracia burguesa —sin necesidad de una asamblea constituyente burguesa— donde la representación de las mayorías emana de sus órganos de poder obrero, desde organizaciones territoriales y de bases. Una fuerza revolucionaria se apoya en las organizaciones de la clase trabajadora para destruir el Estado burgués, no intentar reformarlo dentro de sus propias instituciones podridas.
Este proyecto histórico de la clase trabajadora en el poder no fue desarrollado hasta el final por las asambleas territoriales, brigadas y “primera línea”. Principalmente porque no había una organización política con suficiente apoyo de masas que luchara por coordinar los esfuerzos de autoorganización a nivel nacional y hacia los lugares de trabajo, especialmente los sectores estratégicos de la economía. Esto podría haberse hecho realidad si las burocracias sindicales hubieran preparado de verdad una huelga general revolucionaria, en vez de subordinar la lucha buscando negociar con el régimen en crisis y salvar a Piñera.
La Coordinadora No Más AFP impulsó movilizaciones de millones de personas en las calles, agrupa sindicatos y es dirigida por un sindicalista, pero nunca se decidió por ponerse a la cabeza del movimiento durante el estallido para darle un carácter de clase, prefiriendo un tono ciudadanista. Como no lograron instalar una perspectiva de la clase trabajadora, que es por su naturaleza colectiva y solidaria, primó una concepción individualista y pequeñoburguesa sobre los “ahorros individuales”, contra las administradoras privadas y también contra una seguridad social estatal.
Es significativo destacar que a la primera Convención Constituyente no resultó electo ningún dirigente sindical, aunque varios se presentaron, incluido Luis Mesina (Coordinadora No Más AFP), Mario Aguilar (Colegio de Profesores), Eric Campos (Sindicato Metro) y Bárbara Figueroa (CUT).
A la Convención fueron principalmente representantes anecdóticos, artistas, intelectuales y “símbolos” del estallido, no dirigentes orgánicos de una fuerza política de masas. Por otra parte fueron representantes indígenas y dirigentes de diversos movimientos sociales, ecologistas, feministas, etc. La Lista del Pueblo fue un intento de dar coherencia a esta heterogeneidad, colocando personeros que representaran las demandas populares emanadas del estallido, pero se hizo evidente que no pueden improvisarse un programa ni cuadros políticos experimentados y probados, menos frente a la maquinaria de los partidos tradicionales, de asesores constitucionales y otros intelectuales influyentes.
Ante la desmovilización de las masas y la siguiente derrota estrepitosa del proyecto de la pequeñaburguesía liberal, hoy como ayer, existía en la situación el peligro del ascenso de la extrema derecha. Efectivamente la derecha arrasó en el segundo Consejo Constitucional, solo para ver su propuesta igualmente rechazada.
Un nuevo régimen de dominación
Luego del fracaso de dos procesos constituyentes, evidentemente no se logró “refundar Chile”, pero en realidad esto sí dio lugar a un nuevo régimen con carácter de época. La Constitución de Pinochet no fue derribada, el malogrado Congreso recobró su posición dominante y el aparato estatal represivo se ha puesto a punto. Es un régimen que ha renovado cualitativamente su vocación represiva, restaurando los instrumentos de la dominación capitalista en Chile para el período abierto por relaciones internacionales cambiantes y una situación económica inestable.
Como resultado de estas derrotas durante el enfrentamiento de clase se dio lugar a un instrumento de dominación particular, un régimen político diferente al de los “30 años” de posdictadura. Un sector de nostálgicos intenta establecer una nueva transición, una repetición de las cocinas parlamentarias y la política de los acuerdos a lo ancho de todo el abanico de partidos que representan los intereses de la clase capitalista, pero en esta nueva época los acuerdos tendientes hacia el centro político moderado tienen menos éxito; más bien se impone por todo el arco la política de la derecha chilena tradicional. Este otro sector apuesta por dirigir la crisis institucional hasta su conclusión autoritaria, sobre el edificio renovado del aparato estatal represivo, judicial y policial, restaurado por el Gobierno de Boric. Sobre esta base el régimen avanza una política de seguridad pública, consagración de la familia, militarización de la Araucanía y las fronteras, y explotación privada de los recursos naturales.
Nostálgicos de los 90
Pero los nostálgicos de los 90 se engañan, las condiciones económicas hoy son bien diferentes. Durante el actual Gobierno la tasa de crecimiento promedio ha sido de 1,6%. Entre 2014 y 2023 fue 1.9%, mientras que en la década anterior fue de 4,8%. En la década de 1990 la tasa de crecimiento promedio fue de 6,15%.
La productividad del trabajo, medida como “Productividad Total de los Factores” (PTF), se ha mantenido estancada o ha caído. En los 90 el incremento en la PTF superaba el 3% anual. Entre 2001 y 2005 ese aumento bajó a 1,3% de promedio anual, y entre 2006 y 2010 cayó a 0,2%. Es decir, la productividad se ha estancado desde mediados de los 2000. Inciden en esta situación, sobre todo, la menor inversión en tecnología, las deficiencias en el sistema educacional y el escaso interés de los grandes empresarios por capacitar la fuerza de trabajo que emplean. La inversión en Chile en investigación y desarrollo corresponde solo al 0,4% del PIB, frente al 2,4% promedio de la OCDE.
El estancamiento en la productividad incide en el bajo crecimiento como un factor de mediano y largo plazo. En lo inmediato, lo fundamental han sido las políticas de austeridad impulsadas por el actual Gobierno: una política monetaria restrictiva, con elevadas tasas de interés, y un recorte del gasto fiscal de 24% en 2022. Recientemente se ha discutido un ajuste fiscal acumulado que supera los US$2.000 millones para 2025, o 0,58% del PIB.
El fracaso de la reforma tributaria
Por su parte, la “ambiciosa” reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo no obtuvo suficiente apoyo empresarial ni parlamentario. La reforma incluía, entre otros puntos, una desintegración del impuesto a la renta y corporativo, eliminación de la exención a las ganancias bursátiles, limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles DFL-2, impuesto a la riqueza, impuesto a las utilidades retenidas, y evitar estructuras jurídicas que limitan la potestad tributaria del país.
Este paquete de medidas buscaba financiar las medidas sociales impulsadas en el programa de gobierno. Lo único que se logró aprobar es un llamado “Pacto de Cumplimiento Tributario” donde lo más saliente son medidas que buscan impedir la llamada “evasión y elusión fiscal”, en otras palabras, el robo de los empresarios.
El año 2023 el Gobierno logró cerrar un “acuerdo transversal” para aprobar el royalty a la gran minera del cobre, que alcanza una carga tributaria máxima de 46,5% para las empresas de mayor tamaño, celebrado por muchos en el sector ya que “acaba con la incertidumbre para las empresas”. Lo cierto es que el proyecto era la última carta bajo la manga para que el Gobierno contara con recursos frescos para el resto del período tras el fracaso de la reforma tributaria.
Gobierno “transformador”
De las promesas más emblemáticas del presidente Boric quedó poco y nada. Tras la derrota de la primera Constituyente, la mayoría de los proyectos terminaron guardados en lo más profundo de un cajón. Del agua como bien nacional de uso público y sistema nacional de gestión de aguas no se oyó hablar más. Sobre anular la Ley de Pesca e impulsar una nueva que garantice sostenibilidad de los ecosistemas, ya advirtieron las protestas de pescadores artesanales sobre el fuerte lobby de los industriales con el ministro de Economía, Nicolás Grau, y la ministra Medioambiente, Maisa Rojas, así como con senadores de la comisión, que finalmente derivó en modificaciones a la Ley de Fraccionamiento.
La Empresa Nacional de Litio es un tremendo fiasco que reemplazó la idea de nacionalización del litio. No es más que una asociación entre CODELCO y SQM para la exploración y extracción del litio, dominada por la empresa privada. Hay que destacar además que se trata de la empresa de Julio Ponce Lerou, el corrupto exyerno del dictador Pinochet, que obtuvo SQM a través de oscuras privatizaciones en perjuicio del patrimonio del Estado, y más tarde ligada al financiamiento ilegal de la política a diestra y siniestra.
Movilización o desmovilización, clave de la candidatura presidencial
Recordemos que Boric prometió que no habría desalojos sin solución habitacional. Unas 400.000 personas viven en más de 1.400 tomas o campamentos, un aumento de más de un 30% desde 2022. Estas son cifras no vistas desde la década de los 90. La cuestión de la vivienda en general, y de los campamentos en particular, ha vuelto a tomar una importancia gigantesca en las degradadas condiciones de vida de la clase trabajadora en Chile, y en esto el Gobierno ha elegido ponerse claramente del lado de la clase poseedora.
El movimiento de pobladores tuvo un importante momento de articulación social y política que sobrepasaba lo local, en un movimiento que sumaba además la cuestión de la reconstrucción luego de los grandes incendios en Valparaíso . La toma “17 de mayo”, iniciada hace 5 años, era quizás la expresión más politizada y organizada del movimiento de pobladores. La respuesta del Gobierno fue engaños, falsas promesas y la represión mediante la infame Ley Antitomas. Aprovechándose de las ilusiones de los pobladores, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo les hizo firmar un compromiso de abandono de terreno a cambio de una solución habitacional, de la cual se desentendieron una vez que la fuerza policial hizo valer una resolución judicial para el desalojo. También debe hacerse notar que esta toma estaba en Cerro Navia, administración municipal del Partido Comunista bajo el alcalde Mauro Tamayo.
El oficialismo ha querido lucir la Ley de 40 Horas, pero la verdad es que los empresarios juegan con los cálculos de horas efectivas de trabajo para disponer de la jornada laboral a su antojo, además de ser válida solo para un segmento de trabajadores. Lo que esta ley define como “adecuaciones de común acuerdo”, en el mundo real se traduce en imposiciones del patrón a sus empleados, considerando la desigualdad con que se enfrentan los empleados a sus jefes, ya sea por sí solos o formando parte de sindicatos sin garras ni dientes. Por este motivo, una nueva normativa que fortaleciera la capacidad negociadora de los sindicatos era fundamental para avanzar en derechos laborales. El proyecto de “negociación colectiva multinivel” (o negociación colectiva ramal), fue introducido por el Gobierno solo en el ocaso de su período. El proyecto de negociación ramal augura movilizaciones de sindicatos al alero del PC.
Lo mismo cabe decir de anuncios relativos al aborto o al cierre de la cárcel de Punta Peuco para violadores de derechos humanos. Son políticas que buscan apuntalar una discusión política durante el próximo gobierno y, en el caso del aborto, reactivar a simpatizantes del Frente Amplio en el movimiento feminista.
Cabe preguntarse si la agenda represiva, o la reforma de pensiones, podrían haber sido tramitadas si el Frente Amplio y el Partido Comunista no estuvieran en el Ejecutivo. Sus representantes lucen orgullosos dichas reformas como señal de gobernabilidad. La candidata comunista Jeannette Jara, que hoy representa una alianza política de tipo concertacionista, presenta sus credenciales como negociadora experta en dialogar con el empresariado, clave en la reforma de pensiones que profundizó de hecho el odiado sistema privado.
Boric hacía un balance de su gobierno diciendo: “que no haya el nivel de protestas del 2011 o el 2019 no es suerte, eso es gobernabilidad”. Efectivamente, lo más probable es que si la derecha hubiera intentado pasar estas leyes, se hubieran encontrado con una gigantesca respuesta de parte de los trabajadores y la juventud, como en los años 2011 o 2019. En esto yace el rol fundamental de los actores políticos reformistas, de los parlamentarios y de la burocracia sindical y estudiantil, en confundir y desmovilizar a las masas para imponer el programa de la burguesía. La carta de la “gobernabilidad” frente al fantasma de un nuevo estallido social si ganara la derecha, es la más fuerte que la candidatura de Jara presenta al empresariado.
La desmovilización es notable sobre todo en el ámbito universitario. Las elecciones FECH vienen hace tiempo con problemas para alcanzar su quórum de 30%, obteniendo en 2024 solo un 23% de participación, en tanto que la segunda vuelta fue incluso peor, con solo 9%. Todo esto dio lugar a una pugna política entre las Juventudes Socialistas y Juventudes Comunistas por un lado y con el órgano TRICEL por otro. Las juventudes del Gobierno le echan la culpa al empedrado, en circunstancias que son ellos quienes han destruido el órgano estudiantil. Sus organizaciones gozan de amplios recursos financieros provenientes de sus bancadas parlamentarias, que junto con otras trabas burocráticas dejan a listas alternativas corriendo en singular desigualdad.
Es evidente para todo el mundo que las juventudes del Gobierno han hecho de las federaciones universitarias un trampolín para carreras académicas, parlamentarias y en la administración pública. Pero quizás más importante, el contenido de sus debates estudiantiles carece de toda profundidad política o ideológica, completamente subordinada al Gobierno y la institucionalidad, a rezago del conjunto del movimiento social. El rol desmovilizador de estas organizaciones ligadas al Gobierno también ha sido evidente con respecto al movimiento de mujeres.
En todo caso, si gobierna la derecha, los cuadros dirigentes del Frente Amplio siempre pueden volver a sus cuarteles de invierno: universidades, fundaciones, reparticiones estatales menores, columnas de opinión, posgrados en el extranjero, todo bajo el gentil auspicio de centros de estudio progresistas, a la espera de que vuelvan a ser reclamados por una parte de la ciudadanía, y por sobre todo, por una parte de la élite, para contener algún desborde o movilización popular.
Oportunismo y parlamentarismo
El Frente Amplio ha devenido en partido único e institucional, sin luchas faccionales entre sus colectivos fundadores, en la medida de que haya suficiente comida en la mesa para todos, es decir, cargos, fondos, proyectos, etc. Su declaración de principios dice impulsar un “proyecto político por la vía pacífica e institucional, comprometiéndose con el fortalecimiento de la democracia”. Cuando una situación acuciante vuelva a empujarles a la verborrea radical, deberá recordarse su verdadero carácter, de cómo en el momento cúlmine de su carrera al poder, su proyecto político estuvo al servicio de la institucionalidad burguesa. Para los trabajadores, esta fuerza política ha sellado su suerte como aliados condicionales y oportunistas.
También una parte de la dirigencia comunista se ha embarcado en este oportunismo, atraídos por las posiciones de los salones de poder. Se han embarcado en los esfuerzos que, según Lenin en El Estado y la Revolución, son característicos del “poder parlamentario” en el Estado burgués:
“la lucha por el poder entre los distintos partidos burgueses y pequeñoburgueses, que se reparten y redistribuyen el ‘botín’ de los puestos burocráticos, dejando intactas las bases del régimen burgués: y, finalmente, el perfeccionamiento y vigorización del ‘poder ejecutivo’, de su aparato burocrático y militar”
Este vergonzoso esfuerzo por capturar el botín, los puestos de ministros, subsecretarios o cualquier puesto municipal o administrativo que sirva para asegurar su carrera política y el bienestar de sus allegados (los llamados pitutos), es denunciado por la derecha y la prensa burguesa, pero también es condenado por trabajadores honestos de izquierda.
El Partido Comunista no vive un cisma abierto, pero definitivamente existe un sector gobiernista o cuasi frenteamplista, y otro que adhiere a la tradición comunista como partido de la clase trabajadora y de la resistencia contra la dictadura. El primer sector está dispuesto incluso a abandonar sus credenciales comunistas con tal de adaptarse al espacio político institucional abierto por el Frente Amplio. Ante una debacle electoral del frenteamplismo, la candidata comunista Jara se alza como continuadora de ese proyecto político neoconcertacionista que incluye como aliado principal al Partido Socialista de Escalona, Lagos y Bachelet.
Dentro del Partido Comunista se percibe una tensión alimentada por su participación en el Gobierno, mientras otros reclaman retornar a agitar las banderas en el movimiento estudiantil y sindical. Probablemente estos últimos tendrán la voz sonante en el próximo período de activación de algunas movilizaciones, pero el problema de fondo no se solucionará.
El plan de explotación capitalista
El próximo período está entonces marcado por tres cuestiones, (1) el débil crecimiento económico, (2) el perfeccionamiento del aparato represivo y (3) la apertura hacia un nuevo plan de acumulación capitalista. Este último prolonga el extractivismo privado, con el protagonismo del litio, pero además enfocado a sectores de las “nuevas energías verdes”. Como la situación económica del país no deja espacio para concesiones, es inevitable que la situación de los trabajadores y los pobres provocará movimientos y protestas.
Ante el estancamiento económico de la última década, el régimen busca establecer un nuevo plan de acumulación capitalista que responda a las necesidades de las potencias imperialistas. Esto involucra a la energía (como sustento de la industria minera, principalmente) y al litio, a tono con la política extractivista, exportadora de materias primas, de licitaciones y privatizaciones de las últimas décadas.
Se busca además generar empleos, lo que involucra a sectores con una mano de obra dividida entre subcontratados y de planta. Poco más de la mitad de la fuerza de trabajo es subcontratada y han protagonizado importantes batallas en la historia reciente, mientras que los trabajadores de planta se encuentran en sindicatos amarillos que a su vez han protagonizado importantes traiciones o claudicaciones en la historia reciente.
Los proyectos de energía eólica benefician principalmente a latifundistas y probablemente agrega otra página al conflicto territorial centenario con comunidades mapuche.
El “conflicto” mapuche
El pueblo-nación mapuche ha entrado en conflicto con todos los modelos de explotación al sur del Biobío, desde la colonia, pasando por la explotación latifundista agrícola y ganadera, el modelo forestal, y la penetración de empresas mineras, hidroeléctricas y eólicas.
Podemos afirmar ahora que las oportunidades de inversión y desarrollo, sumando proyectos de energía eólica y la presente militarización perpetuada por este Gobierno, establecen ahora una nueva fase de conflictividad y acumulación capitalista en el territorio ancestral mapuche. Debemos apuntar directamente a la responsabilidad del Gobierno del Frente Amplio en la persecución del movimiento autonomista mapuche, como atestigua la pena de 23 años de cárcel para Héctor Llaitul y la prolongación del estado de excepción y militarización en la Araucanía y comunas del Biobío.
El fracaso constituyente implicó el cierre rotundo de una oportunidad de llevar sus demandas por la vía institucional, empujadas por un sector de la sociedad mapuche, principalmente profesionales liberales, abogados, periodistas, cientistas sociales, etc. Si no se abren opciones de participación política y reconocimiento constitucional, sumado a la falta de oportunidades educativas y laborales en la región, se hace muy evidente para la juventud mapuche empobrecida que no tiene más opción que agachar la cabeza o radicalizar su lucha, ya sea en el campo cultural, político o ambas.
Sin que un movimiento social “chileno” vuelva a ofrecer una avenida de movilización de masas amplia, revolucionaria y en solidaridad incondicional con su causa —como la rebelión de octubre—, la juventud mapuche no confiará en los partidos políticos. De momento solo puede ver como alternativa a las organizaciones autonomistas que están siendo fuertemente perseguidas, o al sector que ya acumuló una experiencia en la institucionalidad burguesa del Estado chileno y que puede entonces continuar desarrollando una vía institucional para sus demandas históricas.
Rol de vanguardia y posterior estancamiento del movimiento secundario
En artículos ya publicados hemos establecido tanto al movimiento estudiantil como al movimiento de mujeres como avenidas por donde se venía acumulando una fuerza social y un descontento que condujo al estallido. Otras eran las pensiones, el agua, la cuestión mapuche y la insoportable situación económica de la clase trabajadora. Mientras estas últimas, dado su anclaje profundo en el modelo de dominación capitalista en Chile, no han podido ser solucionadas ni de momento cooptadas —sino que fueron temporalmente desviadas mediante el proceso constituyente—, los primeros actores, el movimiento estudiantil y de mujeres sí pudieron ser cooptados por el régimen.
Las demandas estudiantiles no han dado lugar a un movimiento que supere la escala local. En varias universidades ha habido protestas locales por casos de acoso y abuso sexual, y contra los mismos protocolos establecidos. Por otra parte, la situación en escuelas y liceos es bastante grave, tanto en lo social, en infraestructura, y en malos resultados educativos, como son los resultados de mediciones estandarizadas, comprensión lectora, etc. Los llamados problemas de “convivencia escolar”, conflictos entre estudiantes, apoderados, y entre estos y profesores, son síntomas de una crisis social más profunda de deslegitimación de las instituciones, de descomposición social en sectores de la juventud y debilidad relativa del gremio de profesores ante los empleadores.
A menudo, la respuesta de las autoridades es imponer medidas disciplinarias y el establecimiento de protocolos que ubican la responsabilidad únicamente en manos de las y los trabajadores de la educación. Sin embargo, no se toca la cuestión de fondo, el modelo de financiamiento de la educación, cuestión clave del movimiento estudiantil. Lo que se necesita es un programa político que pueda articular transversalmente a toda la comunidad educativa, estudiantes, apoderados y profesores.
La situación de los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago expresa estos problemas generales de fondo, pero con algunas particularidades muy importantes, puesto que son liceos con tradiciones de organización y combatividad. Han sido protagonistas del debate público en los últimos 20 años, preconizando mayores transformaciones políticas. Sin ir más lejos, fue este actor social el que enciende la chispa de la rebelión de octubre de 2019.
Hoy este actor se encuentra atomizado y reducido a un puñado de activistas, desconectados del conjunto de los estudiantes, sin una estrategia política clara y más bien reproduciendo un fetiche performático del combate callejero. Probablemente se empecinan en recoger como balance del estallido del 18 de octubre el rol que jugaron los secundarios para encender la rabia popular. Pero en ese entonces los secundarios levantaban sobre todo una consigna, es decir, una orientación política hacia las masas trabajadoras, para denunciar un alza de pasaje que no afectaba a los estudiantes mismos.
La táctica de la evasión y el enfrentamiento callejero resulta entonces no un fin en sí mismo, sino que como un medio, como una consecuencia de la estrategia política. La discusión de un balance en estos términos es clave para la rearticulación del movimiento estudiantil desde las bases y para la construcción de una tendencia revolucionaria en la juventud secundaria.
Mientras se hace un balance de este elemento subjetivo, del movimiento estudiantil y su dirección, al mismo tiempo debemos recalcar el rol nefasto de las fuerzas políticas del Gobierno, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Por un lado, se ataca con represión y expulsiones de estudiantes. Por otro, se instala la desmovilización.
Desde la implementación de la Ley Aula Segura se ha duplicado el número de expulsiones o cancelaciones de matrículas. Según la Superintendencia de Educación, el 2018 hubo 723 sanciones (535 cancelaciones y 188 expulsiones). Las sanciones subieron a 1.752 en 2023, la mayoría expulsiones (1.010). Los liceos emblemáticos de Santiago concentran 8 veces más sanciones que el resto de los establecimientos. El Instituto Nacional es el liceo que más expulsa estudiantes, más de 60 en los últimos años.
Las tareas de las y los revolucionarios para las luchas que vendrán
La situación social está marcada por un deterioro de las condiciones de vida en las ciudades, afectando principalmente a la juventud y la clase trabajadora. El pobre estado de la infraestructura pública, viviendas y escuelas dan lugar a movimientos por demandas locales que exigen respuestas del Estado. La precariedad salarial afecta principalmente a la juventud. Sin alternativa política revolucionaria, se ponen la inmigración y la delincuencia como culpables de las principales preocupaciones.
Se reactivarán avenidas de movilización “tradicionales” de la izquierda en el movimiento sindical, estudiantil y de mujeres, bajo las consignas de la negociación ramal, el aborto, contra los despidos, etc. Las demandas de octubre por empleo, salarios, salud y pensiones no han sido resueltas. Más bien la situación general se ha agravado, incluyendo un aumento significativo del costo de la vida en los últimos 5 años.
La restauración de la institucionalidad burguesa operada desde el Acuerdo (“Por la Paz y la Nueva Constitución”) para desviar el movimiento insurreccional de masas, tuvo una efectividad en lo inmediato. Pero en el próximo período se revelará su significancia provisoria. El Gobierno de Boric, liderando la restauración burguesa y el perfeccionamiento del aparato represivo, ofreció una salida transitoria, necesaria pero aun imperfecta para los intereses de la clase dominante. La verdad es que las instituciones siguen mostrando gravísimas fracturas que se lucen con cada nuevo escándalo de corrupción o legislación antitrabajadores.
Los comunistas revolucionarios podremos y debemos intervenir, escuchar atentamente y explicar nuestras posiciones. Sobre la base de un balance del último período de la lucha de clases en Chile elaboramos nuestras perspectivas y extraemos lecciones clave y concretas en torno al rol del reformismo en la restauración y consolidación del régimen de dominación capitalista; el plan de extractivismo privado, explotación y acumulación capitalista para el próximo periodo; el rol de los sindicatos y de las organizaciones emanadas de la lucha revolucionaria; la importancia del partido de la clase trabajadora para la toma del poder; y finalmente un programa de transformación radical de la sociedad para abolir el capitalismo y establecer un gobierno de trabajadores.